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Autoridades del Seguro Social de Guatemala fueron detenidas hoy por tres nuevos casos de corrupción en esa institución durante los años 2013 y 2014, y la Fiscalía informó que también vinculará a otros ex directivos que ya guardan prisión.
Entre los detenidos figura el actual gerente, José Javier Donis, sindicado por los delitos de fraude y peculado por sustracción. También la subgerenta de Integridad y Transparencia, Dominga Cuéllar, informó el Ministerio Público (MP).
A ellos se sumaron tres particulares que fungían como representantes legales de empresas con las que la institución celebró contratos de compra de ambulancias, alquiler de inmuebles y suministro de sistemas informáticos.
Las detenciones de este día fueron ejecutadas en operativos conjuntos entre la Fiscalía, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG) mediante una serie de allanamientos practicados en esta capital.
La Fiscalía informó que por estos nuevos hechos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) serán vinculados otros siete ex funcionarios de la institución, ya en prisión preventiva bajo cargos de asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción, entre otros delitos.
Este grupo estará encabezado por el ex presidente de la junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, considerado uno de los más cercanos al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), quien dimitió en septiembre bajo una fuerte presión por acusaciones de corrupción. Actualmente el ex mandatario también permanece en prisión preventiva procesado por distintos casos.
Las investigaciones determinaron que 50 ambulancias fueron compradas a un precio unitario de 100.000 dólares, "pese a que según las cotizaciones el costo de las ambulancias debería ser menor, de acuerdo con las especificaciones requeridas", destacó el MP.
El otro caso consistió en el arrendamiento por cinco años de un inmueble para el traslado de oficinas por una renta mensual de 30.000 dólares. Esto se hizo con la "excusa" de que en las Oficinas Centrales "había hacinamiento de personal".
El tercer caso corresponde a la compra de un sistema de gestión administrativa de recursos gubernamentales (GRP), pese a que la institución ya contaba con los recursos informáticos necesarios. El monto de este fraude se estima en unos 32.000 dólares.